En el Ejido Nuevo Padilla, ubicado en el sur del municipio de Tula Tamaulipas, se ha desatado un conflicto social relacionado con el acceso al agua, agravado por disputas históricas y la falta de intervención gubernamental.
Según testimonios de residentes, un grupo liderado por Magdaleno Rosales, Horacio Rosales, Martín Rosales, Blas Rosales y Sarahi Rosales intentó impedir la instalación de una bomba de agua financiada por la comunidad, alegando derechos no reconocidos por el resto de los ejidatarios .
Mientras que los habitantes del ejido aseguran que con sus propios recursos recolectaron $350,000 pesos para reparar la tubería, el motor del pozo y adquirir una bomba nueva, sin apoyo de ninguna instancia gubernamental estatal o municipal.
La mayoría de los ejidatarios y usuarios del agua contribuyeron equitativamente, mientras que el grupo de los Rosales, según denuncias, de los mismos vecinos lleva **20 años sin pagar** por el servicio, lo que motivó el corte de su suministro años atrás.
Durante la instalación de la bomba, los Rosales intentaron detener el trabajo de la grúa, argumentando que el «presidente les había otorgado derechos», aunque no presentaron documentación que respaldara dicha afirmación. La comunidad resistió la intervención de autoridades estatales, impidiendo el paso a dos patrullas de la guardia estatal que bajo el argumento de que la solución fue autónoma de la misma comunidad ejidal y no requiere mediación externa .
Cabe recordar que esté ejido ha enfrentado conflictos similares en el pasado, como el corte arbitrario de energía eléctrica en 2024, atribuido a miembros de la misma familia Rosales, lo que aumentó los costos del servicio y generó escasez de agua . Además, se acusa a este grupo de provocar disturbios recurrentes, como la tala de postes de luz, sin que las autoridades locales actuaran para resolverlo.
Luis Fernando Rosales De León, vecino del ejido, enfatizó Nuevo Padilla no necesitó al alcalde ni al gobernador para resolver esto, lo logramos el agua con esfuerzo propio, y no permitiremos que unos pocos destruyan lo que construimos». Subrayó que no hay disputa entre la mayoría de los usuarios, quienes cumplen con sus pagos, y rechazó la narrativa de «10 familias afectadas», señalando que solo tres personas, sin vínculos familiares claros, están detrás del conflicto.
Los habitantes criticaron la ausencia de las autoridades locales y estatales, quienes, según ellos, han ignorado sus solicitudes de ayuda durante años. Incluso cuando acudieron a dialogar con el presidente municipal, este evadió las reuniones sistemáticamente.
La tensión refleja un patrón de desgaste en la gobernabilidad local, donde problemas básicos como el agua se resuelven mediante autogestión, mientras grupos minoritarios buscan beneficiarse de la desorganización institucional. En Nuevo Padilla exigen que se respete su trabajo colectivo y se apliquen medidas legales contra quienes alteran la paz social.
